No hay paz sin justicia, y no hay justicia sin paz

El 20 de octubre de 2024, el padre Marcelo Pérez fue asesinado en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México. Su defensa de los derechos de los indígenas en la zona rural de Simojovel había provocado amenazas de muerte al párroco a lo largo de los años, y fue probablemente el motivo de su asesinato. En esta zona montañosa, donde el conflicto ha continuado esporádicamente durante más de treinta años, tales situaciones no son infrecuentes. Durante décadas, la Iglesia católica ha alzado la voz en defensa de sus feligreses, ha apoyado a las comunidades desplazadas y ha negociado con los grupos armados. Sus sacerdotes han pagado a menudo un alto precio por ello.

El padre Marcelo Pérez, julio de 2022. Todas las fotografías de Isaac Guzmán. Usadas con permiso.

En México, los derechos básicos de los grupos indígenas a menudo no son respetados por el Gobierno, los cárteles de la droga y los intereses empresariales. Sin embargo, las razones de este trato injusto han cambiado con el tiempo. En el pasado, las disputas se centraban principalmente en los recursos agrícolas y el comercio internacional. Ahora, suelen tener su origen en megaproyectos mineros y disputas territoriales entre los cárteles.

Chiapas es un estado empobrecido que alberga varios grupos indígenas con culturas muy distintas. Unas pocas familias han controlado sus recursos durante siglos, pero la desigualdad se ha acelerado desde la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en 1994, lo que ha provocado una intensa competencia por tierra y recursos. Los grupos indígenas previeron los efectos negativos del libre comercio: el día en que entró en vigor el TLCAN, comenzó el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Alrededor de tres mil indígenas, convencidos, tras años de protestas no violentas, de que el Gobierno solo entendía la fuerza, tomaron las armas para exigir los derechos humanos básicos que el Estado les había negado. El Gobierno respondió con fuerza militar y cientos de zapatistas perdieron la vida. En los años transcurridos desde entonces, el conflicto de baja intensidad ha desplazado a los ocupantes de decenas de comunidades, ya sea de forma temporal o permanente.

Mujer e hijo desplazados en Chalchituitán, 2019.

La Iglesia católica lleva mucho tiempo apoyando a los feligreses desplazados. En 1974, el obispo Samuel Ruiz García organizó el primer congreso indígena en Chiapas, al que asistieron representantes de las comunidades tseltal, tsotsil, ch’ol y tojol-ab’al. Bajo el lema “Igualdad en la justicia”, debatieron cuestiones fundamentales: discriminación, explotación, la expropiación de tierras, la destrucción de sus culturas y los asesinatos impunes. Durante sus cuarenta años de mandato, Ruiz, conocido como tatik (padre) por las personas a quienes servía, puso a su diócesis en el camino de apoyar a su pueblo, lo que a menudo significaba pronunciarse en contra de la política del Gobierno.

Un hombre sostiene una cruz que conmemora al tatik Samuel en una misa celebrada en 2017 para el aniversario la masacre de Acteal.

En 1997, un grupo paramilitar respaldado por el Gobierno asesinó a cuarenta y cinco personas desplazadas que estaban orando en la iglesia de Acteal, la comunidad que les había dado refugio. Este suceso llamó la atención de los medios internacionales a la difícil situación de los pueblos mayas de Chiapas. Por un momento, el mundo vio por quién luchaban los zapatistas: aldeanos que simplemente querían sobrevivir, vivir en paz y conservar sus tierras ancestrales y sus costumbres. Luego, el ciclo de las noticias pasó a otros temas y la situación continuó como antes.

Guadalupe Vázquez, sobreviviente de la masacre de Acteal, en un servicio conmemorativo en 2016.

En 2013, debido a la proliferación de proyectos mineros y grupos armados, un grupo de estudio de la diócesis de San Cristóbal lanzó el movimiento de protesta no violento MODEVITE (Movimiento en Defensa de la Vida y la Tierra). Su objetivo es “unir nuestra palabra y sabiduría como pueblos originarios en la defensa de la vida y el territorio; a través de la denuncia y acciones concretas con las cuales exigimos al gobierno local, estatal y nacional el respeto y cuidado de las riquezas naturales en las que como pueblos originarios habitamos”. El trabajo del movimiento, que consiste principalmente en peregrinaciones, sentadas y actividades de protesta contra nuevos proyectos de carreteras y minería, se ha extendido a parroquias de todo el estado.

Marcha de MODEVITE, 2016.

A pesar de las protestas de MODEVITE, el desplazamiento interno forzado siguió empeorando. En 2017, la cifra oficial era de 6090 personas. En los últimos ocho años, al menos dos mil personas más han sido desplazadas temporalmente por disputas territoriales. A pesar de los cambios en el Gobierno federal, la protección de los derechos de estas personas sigue sin ser una prioridad política.

Mujeres indígenas, recientemente regresadas a sus hogares tras un desplazamiento interno temporal, pronuncian una oración de acción de gracias, 2021.

El padre Marcelo es solo el último ejemplo de cómo los sacerdotes católicos han seguido alzando la voz en nombre de su pueblo, a pesar del peligro. Y parece que lo hacen por convicción propia, y no por una directiva institucional. En el caso de Marcelo, una reunión en 2001 con supervivientes de la masacre de Acteal le impactó profundamente, y reconoció ese sentimiento como una llamada divina para convertirse en mediador por la paz: “He ido poco a poco conectando mi corazón con el corazón sufriente del pueblo y como consecuencia tengo una orden de aprehensión, pero benditas sean las órdenes de aprehensión, porque hay esperanza. En cambio, cuando todo está en calma, significa que no estamos calentando los corazones, que estamos adormeciendo las conciencias. La palabra que despierta conciencia siempre será perseguida y calumniada, pero la palabra y la conciencia no se puede encarcelar ni matar”.

Manifestación de MODEVITE, 2016.

El trabajo del padre Marcelo dio un nuevo giro en 2021, cuando comenzó a mediar entre los llamados “grupos de autodefensa” indígenas y el Gobierno. Estas organizaciones afirman que las comunidades pueden hacerse cargo de su propia seguridad, en lugar de permitir que el Gobierno se apropie de tierras indígenas para construir cuarteles del ejército cerca de las aldeas rurales. También reflejan la impaciencia con un gobierno que no ha mejorado la situación de los indígenas ni los ha protegido de la extorsión de los cárteles y los abusos de los soldados del gobierno. La violencia parece aumentar cuando aparecen los soldados. Aunque se centran principalmente en la justicia preventiva y restaurativa, estos grupos tomarán las armas si se sienten amenazados. MODEVITE sigue siendo una alternativa para quienes desean buscar la paz y la justicia por medios no violentos, aunque parezca que los resultados inmediatos son pocos.

Durante años, la Diócesis de San Cristóbal de las Casas ha sido un líder en la mediación de conflictos y ha acompañado a su pueblo, asegurándole la cercanía de Dios en su sufrimiento y en su lucha por la paz. Los cristianos creen que la paz será el fruto de la justicia, y con esta fe continúan su lucha.

Acteal (2017).